 |
Seis personas se juntan y deciden hacer sexo. Lo deciden muy democráticamente. Y lo realizan. La casi totalidad disfrutan. Mucho.
Todo sería normal si esas seis personas estuvieran de acuerdo en hacer sexo conjuntamente. Pero el caso es que la chica del conjunto, la única chica del grupo, una joven de 18 años, de Madrid, no estaba por la labor. Es más, la decisión, muy democrática ella, era contra su voluntad. La violaron.
En un portal. En Pamplona. La madrugada del 7 de julio de 2016.
¿Tienen derecho 5 hombres (sean de Sevilla o de cualquier otra parte, sean Guardias Civiles, militares, sean obispos o sean reyes eméritos de España) a imponer su decisión (muy democrática ella) de hacer sexo con cualquiera?
Pues parece que al menos el juez encargado del caso opina que no. Y los envía a todos a prisión. Y es que, además, ellos tenían antecedentes del mismo género y tuvieron el descaro de grabar, a dos cámaras, su sesión de sexo, muy democrático, y hasta, parece, que de publicarlo. Al menos esa era la intención.
Y hasta le robaron su teléfono móvil. A la chica.
La democracia tiene unos límites. Y nadie debería imponer una decisión a otra persona que es incluida contra su voluntad en ese grupo, al menos si no quiere participar en esa decisión y en sus consecuencias, si no quiere formar parte de ese club.
¿Tiene derecho España de decidir sobre el futuro de Catalunya?
¿Quiere Catalunya formar parte de España y compartir sus decisiones y el destino?
Dejemos que lo decida, libremente, que es la única manera de que sea, en realidad, democráticamente.
¿De qué le sirve a España seguir teniendo relaciones con Catalunya si es contra la voluntad de esta?
¿Prefiere España la vía de la violación, el sometimiento y el abuso?
A eso es a lo que juega y de lo que, antes o después, va a ser procesada.
Llegará.
Tú y yo lo veremos.
Gerttz
